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TEORÍAS, DOCTRINAS

Enfoques claves para un mundo más seguro


Entre las diferentes instituciones que se preocupan por aportar enfoques útiles sobre los procesos de seguridad ciudadana a nivel internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha formulado enfoques importantes de los que queremos hacer un resumen panorámico como estimulación de lo que podríamos aplicar en nuestro país en materia de prevención del delito.

 

En la perspectiva del BID, el Policiamiento Proactivo es un concepto que se refiere a diversas estrategias, intervenciones e iniciativas orientadas a prevenir o reducir el delito. Se diferencia del Policiamiento Reactivo, que es la respuesta a los delitos que se han cometido. La disuasión a potenciales delincuentes o la reducción de las condiciones que facilitan la victimización de las personas pueden ser ejemplos del Policiamiento Proactivo.

 

Un programa de Policiamiento Proactivo implica que los cuerpos policiales pueden adoptar las siguientes estrategias preventivas:

 

  • Policiamiento focalizado en puntos calientes, esto es, concentración del patrullaje policial en las áreas de mayor ocurrencia de delitos.

  • Policiamiento orientado a la resolución de Problemas, lo que implica la identificación y análisis de las causas de los delitos para responder de manera concreta en determinadas zonas.

  • Disuasión focalizada, dirigiendo acciones hacia delincuentes que han cumplido su condena para evitar que reincidan, por ejemplo, brindándoles capacitación en oficios, demostrándoles que hay otras opciones en lugar del riesgo de ser nuevamente sancionados en caso delincan nuevamente.

  • Policiamiento procedimentalmente justo, de manera que incremente la legitimidad de las acciones policiales y la confianza de la ciudadanía.

  • Policiamiento guiado por la inteligencia del delito (ILP), generando información sobre tipos de delincuentes, bandas y grupos criminales o tipos de delitos y definir sobre esta base las operaciones policiales que tengan un impacto real en el crimen.

  • Policiamiento Basado en Evidencia (EBP), focalizando las acciones policiales en base a análisis estadísticos y datos empíricos, replicando las que funcionan mejor en la prevención del delito.

  • Procedimiento de ventanas rotas, combatiendo los delitos menores y los actos antisociales para evitar que se conviertan en delitos graves.

 

En el Policialmente Proactivo juega un papel importante el análisis criminal, esto es, la observación de patrones en el delito, en la conducta de los criminales y en los riesgos de que una persona se convierta en víctima, así como el impacto de las acciones policiales, si éstas resultan efectivas o no, concentrando el análisis en el nivel local, regional y nacional.

 

El análisis criminal puede orientarse por los siguientes modelos:

 

  • Seguimiento de desempeño (performance), que significa generar estadísticas sobre cantidad de delitos producidos en la actualidad, comparación con períodos anteriores y su relación con la población.

  • Resolución de problemas empleando EARE, lo que implica Escaneo (E, definir y priorizar un problema adecuado), Análisis (A, porqué un delito es recurrente y cómo evitarlo), Respuesta (R, ejecutar acciones basadas en el análisis), y Evaluación (E, comprobar si el delito se redujo a consecuencia de la respuesta).

  • Modelo PANDA, que puede ser aplicado por los cuerpos policiales determinando el Escaneo (el delito es persistente o crónico, se relaciona con un incremento de la actividad criminal, si causa un alto grado de temor en la población); Análisis (patrones de victimización, sospechosos, características de los lugares, tiempos de concentración del delito, lugares, existencia de bandas, incidencia de drogas, alcohol o problemas de salud mental); Nominar la estrategia (actividades a favor de las víctimas, proveer más información, prevenir con acciones no policiales, fomentar la tranquilidad pública), Desplegar la estrategia (definir responsables, objetivos, intervención de los analistas, duración de la intervención, otros apoyos) y Evaluación (resultados obtenidos, si se ejecutó según lo planificado, lecciones aprendidas, información útil resultante, revisión de las metas).

  • Modelo 3i, que es el Policiamiento Guiado por la Inteligencia del Delito, es decir, el análisis aplicado a contrarrestar a los delincuentes reincidentes o a bandas criminales, utilizando las 3i: Interpretar – Influenciar – Impactar, entendiéndose que el Analista interpreta el Ambiente Criminal, interactúa influyendo con el Decisor Policial y éste busca impactar sobre el Ambiente Criminal.

  • Realización de Evaluaciones, para determinar si el Policiamiento Proactivo es la causa de la disminución del delito o existen otras causas. Esto implica realizar la Evaluación de Proceso (diseñar la forma en que se evaluará, establecer una línea base y describir las acciones que se ejecutaron) y Evaluación de Impacto (determinar el cambio en términos de disminución del delito expresado en estadísticas y si esto fue provocado por las actividades implementadas).

 

El Policiamiento Proactivo planteado por el BID ofrece un camino sugerente para anticiparse al accionar de la delincuencia común y el crimen organizado aplicando sistemáticamente estrategias y operaciones que involucran el uso intensivo del análisis criminal y no sólo la actuación de las fuerzas policiales sino también a otras instituciones, como en nuestro caso los gobiernos locales y la participación de la ciudadanía organizada.

 
 
 

 


RESUMEN


En el Perú hemos identificado nueve políticas públicas de seguridad ciudadana que abordan directamente diversos aspectos de la compleja problemática de los delitos y faltas que provocan daños y temor a la población peruana. Asimismo, existen por lo menos cinco políticas públicas que de manera indirecta se refieren a factores de riesgo social que provocan inseguridad, de la misma manera que están en proceso de diseño y elaboración un promedio de cuatro políticas públicas que se orientan en el mismo sentido de contribuir a cimentar estrategias sólidas para enfrentar la crminalidad en términos de prevención social y situacional así como de control de los comportamientos delictivos. Nuestra posición al respecto es que la condición de partida radica en el conocimiento del contenido de dichas políticas públicas por parte de las autoridades para que puedan ejecutarlas a través de los funcionarios y servidores en los tres niveles de gobierno, sobre todo en los gobiernos regionales y gobiernos locales, lo que no ocurre en la actualidad, por lo que se limita la obtención de valor público en este campo; así como por parte de la ciudadanía para que, a través de sus organizaciones, puedan empoderarse de tales políticas y exigir racionalmente su implementación, evaluación y retroalimentación.

 

ABSTRACT

 

In Peru, we have identified nine public policies on citizen security that directly address various aspects of the complex problem of crimes and misdemeanors that cause harm and fear to the Peruvian population. Likewise, there are at least five public policies that indirectly refer to social risk factors that cause insecurity, in the same way that an average of four public policies are in the process of being designed and developed that are oriented in the same direction of contributing to cement solid strategies to confront crime in terms of social and situational prevention as well as control of criminal behavior. Our position in this regard is that the starting condition lies in the knowledge of the content of said public policies by the authorities so that they can execute them through officials and public servants at the three levels of government, especially in regional and local governments, which does not occur at present, thus limiting the obtaining of public value in this field; as well as by the citizens so that, through their organizations, they can empower themselves with such policies and rationally demand their implementation, evaluation and feedback.

 

INTRODUCCIÓN

 

En el presente artículo vamos a dar a conocer y analizar brevemente el contenido de las políticas públicas existentes actualmente en el Perú que se refieren al problema público de seguridad ciudadana y que para muchos, incluyendo a autoridades, funcionarios públicos, líderes comunitarios y ciudadanos en general, es una materia desconocida, a deducir por los permanentes reclamos por su creación que se escuchan en diferentes foros, sesiones públicas, medios de comunicación y redes sociales.

 

El conocimiento de las políticas públicas referidas a seguridad ciudadana es la primera condición para que las autoridades y funcionarios públicos encargados de ejecutarlas puedan cumplir con su obligación, así como los representantes de la ciudadanía puedan exigir su cumplimiento, por lo que consideramos de suma relevancia el abordaje del tema que nos ocupa.

 

De los diversos conceptos existentes, podemos decir que una política pública se compone de un conjunto de decisiones y acciones dirigidas a resolver un problema público, asumiendo que la solución de dicho problema dependerá no sólo de la idoneidad del diseño de la política pública, sino de su eficaz implementación (Cejudo & Michel, 2016). Estas intervenciones gubernamentales buscan cambiar una situación que se considera inadecuada o que tiene inconvenientes, valiéndose para ello de programas, proyectos y estrategias. Martin (2024) señala que las  decisiones  políticas  están  influenciadas  por  una  multitud  de  factores,  incluyendo  intereses  políticos,  valores,  ideologías  y  la  dinámica  del  poder.

 

En este caso, este conjunto de decisiones se aplican a la seguridad ciudadana. Según el Artículo 2° de la Ley N° 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), modificado por el Decreto Legislativo N° 1618 publicado el 21 de diciembre del 2023, “Se entiende por seguridad ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción multisectorial, integrada y articulada que desarrolla el Estado, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, a través de la prevención, control, sanción y reinserción social, para garantizar una convivencia pacífica, la erradicación de la violencia interpersonal y la utilización libre de miedos de los espacios públicos frente a los diversos tipos de criminalidad nacional e internacional”.

 

Esta multisectorialidad y el enfoque normativo operacional que abarca prevención, control, sanción y reinserción social coincide con lo que ya García & Zambrano (2005), entre otros, habían advertido acerca de la amplitud y el carácter polisémico de la noción de seguridad ciudadana y su asociación a los procesos de complejización social y heterogeneidad dinámica en el campo productivo, de la estructura social, relaciones de familia, etnia y género, entre otros aspectos, por lo que las decisiones gubernamentales no pueden sino expresarse por medio de un conjunto de políticas públicas para hacer frente a una realidad multidiversa.

 

El primer antecedente de las políticas públicas sobre seguridad ciudadana en el Perú se encuentra en el Acuerdo Nacional (2002), documento de consenso de las organizaciones políticas, empresariales, sindicales, religiosas, de la sociedad civil y de gobierno en el que se fijaron inicialmente 29 políticas de Estado, a las que posteriormente se añadieron otras hasta llegar a 35. La Sétima Política de Estado corresponde a la seguridad ciudadana, enunciada como “Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”. En este enfoque, el objetivo es fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales, para lo que hay que consolidar la prevención, disuasión, sanción y eliminación de las conductas que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas y la propiedad pública y privada; se propiciará la cultura cívica y el respeto a la ley y a las normas de convivencia, buscando afianzar los derechos y deberes; combatir el maltrato familiar, a los niños, ancianos y mujeres; fomentar una cultura de paz a través de la educación, la ética pública, el respeto a los derechos humanos y una recta administración de justicia; especializar a las instituciones responsables de la seguridad ciudadana; promover los valores éticos y cívicos, la capacitación y retribución adecuadas a la PNP y, finalmente, la instalación de un sistema nacional de seguridad ciudadana presidida por los alcaldes e integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil.

 

De acuerdo a cifras oficiales (INEI, 2024), el año 2023 cerró con un 27,1% de la población de 15 y más años de edad del área urbana que fue víctima de algún hecho delictivo, cifra que se ha mantenido como promedio en los últimos ocho años, pues el 2015 fue del orden de 30,8% y desde entonces sólo se obtuvo porcentajes menores el 2020 (23,4%), el 2021 (18,2%) y el 2022 (22,9%), explicables por la pandemia de la COVID-19. Mientras tanto, el 2023 el 83,6% de la población de 15 y más años de edad percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo, cifra inferior al 2015 en que alcanzó el 88,4%, el 2016 llegó hasta el 90,0%, mostrando un descenso hasta llegar al 83,3% el 2020, 83,9% el 2021 y subió ligeramente el 2022 (85,2%).

 

En la región La Libertad, el 2022 mostró un 20,6% de la población de 15 y más años de edad que fue víctima de algún hecho delictivo, subiendo el 2023 al 21,9% y en el primer semestre del 2024 tuvimos un 24,6%. En cuanto a la percepción de inseguridad, el 88,2% de los liberteños percibían que podían ser victimizados por la delincuencia en los próximos doce meses en el año 2022, porcentaje que descendió el 2023 a 85% y en el primer semestre de este año subió al 88,7% (INEI, 2024).

 

En este contexto, nos proponemos exponer en el presente artículo las políticas públicas adoptadas por el Estado peruano referidas a seguridad ciudadana cuya implementación es responsabilidad de las autoridades y así debe ser exigida por la ciudadanía, empezando por ser conscientes de su existencia.

 

METODOLOGÍA

 

Para esto, empleamos un enfoque cualitativo, en un tipo de investigación descriptivo y explicativo, con un diseño observacional, con técnicas de producción de datos propios de la observación estructurada, así como revisión documental, orientándonos por principios éticos que procuran el avance del conocimiento, la comprensión y mejora de estas políticas públicas en seguridad ciudadana para el progreso de la sociedad peruana.

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. EXPOSICIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

A continuación, se expone un breve resumen de cada una de las nueve políticas públicas que se orientan directamente a responder a diversos aspectos de la problemática de la seguridad ciudadana en Perú.

 

  1. Nombre: Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (en proceso de actualización en mérito a la Resolución Ministerial N° 0132-2021-JUS que conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar la propuesta de actualización).

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 018-2017-JUS.

Fecha: 15 de setiembre del 2017.

Objetivo General: Prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad económica, política y social en el Perú.

Objetivos Específicos:

OE1: Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el LA/FT.

OE2: Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT.

OE3: Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional y/o internacional.

OE4: Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT.

 

  1. Nombre: Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 017-2019-IN.

Fecha: 14 de julio del 2019.

Problema público identificado: Incidencia de acciones delictivas cometidas por organizaciones criminales que operan en los ámbitos nacional y transnacional.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra las organizaciones criminales.

OP2: Fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales a nivel nacional y transnacional.

OP3: Fortalecer la prevención en materia de crimen organizado en la población.

OP4: Fortalecer la asistencia a víctimas afectadas por el crimen organizado.

 

  1. Nombre: Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 023-2019-IN.

Fecha: 16 de octubre del 2019.

Problema público identificado: La existencia de individuos u organizaciones que realizan acciones terroristas de índole nacional o transnacional.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Fortalecer una cultura de paz en la sociedad.

OP2: Restablecer el ejercicio de derechos de personas afectadas por el terrorismo.

OP3: Neutralizar las acciones terroristas y sus modalidades de índole nacional o transnacional en el territorio nacional.

 

  1. Nombre: Política Nacional Penitenciaria al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 011-2020-JUS.

Fecha: 23 de setiembre del 2020.

Problema público identificado: Inadecuadas condiciones de vida para fortalecer la reinserción de las personas privadas de libertad.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario.

OP2: Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad.

OP3: Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria.

OP4: Fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de su libertad que cumplen penas en los medios cerrado y libre.

OP5: Fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario.

OP6: Mejorar capacidades para la reinserción en personas que han cumplido sus penas.

 

  1. Nombre: Política Nacional contra las Drogas al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 192-2020-PCM.

Fecha: 10 de diciembre del 2020.

Problema público identificado: Los daños ocasionados a zonas estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad del país por los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo de drogas.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Mejorar la situación socioeconómica e institucional de las zonas estratégicas de intervención.

OP2: Reducir la producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención.

OP3: Reducir el consumo de drogas en poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

  1. Nombre: Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 009-2021-IN.

Fecha: 26 de julio del 2021.

Problema público identificado: Persistencia de la victimización por trata de personas.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Ampliar la vigilancia preventiva contra la Trata de Personas y sus formas de explotación en contextos con poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad.

OP2: Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de Trata de Personas.

OP3: Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.

 

  1. Nombre: Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 006-2022-IN.

Fecha: 21 de junio del 2022.

Problema público identificado: Altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidas por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población.

OP2: Mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad ciudadana.

OP3: Reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos.

OP4: Reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población.

OP5: Disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales que victimiza a la población.

 

  1. Nombre: Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023 – 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 009-2023-MTC.

Fecha: 24 de junio del 2023.

Problema público identificado: Pérdida de vidas y capacidades humanas por la inseguridad vial.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Fortalecer la institucionalidad de la seguridad vial de las y los usuarios viales.

OP2: Reducir los comportamientos que generan riesgo de afectación a la vida de las y los usuarios viales en la movilidad.

OP3: Lograr estándares óptimos de seguridad vehicular que protejan la vida de las y los usuarios viales.

OP4: Lograr las velocidades seguras para la protección de las y los usuarios viales.

OP5: Disponer una infraestructura vial segura para las y los usuarios viales.

OP6: Incrementar la capacidad de respuesta frente a siniestros viales para las y los usuarios viales.

 

  1. Nombre: Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 009-2023-JUS.

Fecha: 27 de setiembre del 2023.

Problema público identificado: Persistencia del contexto criminógeno en los y las adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley penal.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo de los y las adolescentes en riesgo infractor.

OP2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil.

OP3: Fortalecer la reinserción social de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

Estas nueve políticas públicas inciden (deberían hacerlo) de manera directa en la compleja problemática de la inseguridad ciudadana. Sin duda, pueden discutirse, cuestionarse algunos de sus enunciados y componentes, pueden (y deben) mejorarse, pero son estas políticas públicas las que se debe exigir que se cumplan, que se implementen, para manejar en el mediano y largo plazo las distintas variables que componen el escenario de inseguridad que ahora tenemos y construir un modelo de prevención social y situacional que sea viable y eficiente.

 

Además, en tanto afrontamos una problemática multifactorial, estimamos que existen por lo menos cinco políticas públicas que, indirectamente, pueden aportar significativamente a lograr mejores estándares de seguridad ciudadana.

 

  1. Nombre: Política Nacional de Igualdad de Género.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 008 -2019-MIMP.

Fecha: 3 de abril del 2019.

Problema público identificado: Discriminación estructural contra las mujeres.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Reducir la violencia hacia las mujeres.

OP2: Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

OP3: Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

OP4: Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres.

OP5: Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres.

OP6: Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.

 

  1. Nombre: Política Nacional de Juventud.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 013-2019-MINEDU.

Fecha: 20 de setiembre del 2019.

Problema público identificado: Desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de la población joven que afecta su participación en la sociedad.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Desarrollar competencias en el proceso educativo de la población joven.

OP2: Incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente.

OP3: Incrementar la atención integral de la población joven.

OP4: Reducir la victimización de la población joven.

OP5: Reducir la discriminación hacia la población joven en situación de vulnerabilidad.

OP6: Incrementar la participación ciudadana de la población joven.

 

  1. Nombre: Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 026-2020-SA.

Fecha: 24 de agosto del 2020.

Problema público identificado: Años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población.

OP2: Asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población.

OP3: Mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud.

 

  1. Nombre: Política Nacional Multisectorial para las niñas, niños y adolescentes al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 008-2021-MIMP.

Fecha: 24 de junio del 2021.

Problema público identificado: Limitado ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes.

OP2: Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes.

OP3: Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes.

OP4: Fortalecer la participación de las niñas, niños y adolescentes en los distintos espacios de decisión de su vida diaria.

OP5: Optimizar la gobernanza vinculado al ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

  1. Nombre: Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030.

Norma de aprobación: Decreto Supremo N° 008-2022-MIDIS.

Fecha: 31 de diciembre del 2022.

Problema público identificado: Exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas.

Objetivos Prioritarios:

OP1: Mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social.

OP2: Mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social.

OP3: Incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social.

OP4: Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social.

OP5: Mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social.

 

Asimismo, debemos mencionar que existen cuatro políticas públicas en proceso de actualización o de formulación que también, de manera indirecta, pueden aportar a generar condiciones favorables para el mejoramiento de la seguridad ciudadana.

 

  1. Política Nacional Migratoria 2017-2025, en proceso de actualización.

  2. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en proceso de actualización.

  3. Política Nacional de Educación y Bienestar de Adolescentes, en proceso de formulación.

  4. Política Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en proceso de formulación.

 

Al contar con este conjunto de políticas públicas referidas directa o indirectamente a la seguridad ciudadana y observar, en paralelo, que los indicadores de victimización y de percepción de inseguridad no solamente se mantienen año tras año sino que empeoran, tenemos que reparar en que las fallas se localizan en las etapas de Implementación y Evaluación de las referidas políticas públicas.

 

Los resultados esperados en cuanto a la disminución de la violencia delincuencial tienen que ver con procesos decisionales que se consiguen con la participación activa entre las entidades gubernamentales y los representantes de la ciudadanía, definiendo agentes institucionales, procedimientos y fines. En estos procesos, el énfasis inicial debe ponerse en la difusión amplia y sostenida de estas políticas públicas, puesto que su contenido e incluso su sola existencia es materia desconocida para la gran mayoría de los ciudadanos e incluso de no pocas autoridades y funcionarios públicos.

 

Tememos que la apreciación de Delgado Godoy (2009) en cuanto a que, en la práctica, la evaluación de las políticas públicas no está tan extendida como sería deseable, sigue reflejando el escaso impacto que producen las políticas públicas descritas en el presente trabajo. Con todo, es imprescindible insistir en la aplicación de indicadores tanto para describir las situaciones que se presentan y su evolución en el tiempo como también para la valoración que permita apreciar los efectos generados debido a la aplicación de las políticas públicas.

 

Y debe tomarse en cuenta que la efectividad en las políticas públicas de prevención y control de la inseguridad permite generar valor público expresado en el bienestar colectivo, al garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo social y económico y el desenvolvimiento de las actividades diarias de la ciudadanía en condiciones de paz y tranquilidad. Esto no solo mejora la percepción de seguridad en la ciudadanía, sino que también fomenta la confianza en el Estado, consolidando la gobernanza democrática al proteger los derechos fundamentales y promover una sociedad más justa y equitativa.

 

CONCLUSIONES

 

Finalmente, en nuestra opinión, el conocimiento del contenido de las políticas públicas de seguridad ciudadana por parte de las autoridades y la ciudadanía es esencial para su adecuada implementación y éxito. Las autoridades necesitan comprender plenamente los objetivos, estrategias y herramientas de estas políticas para aplicarlas de manera efectiva, coordinada y alineada con las necesidades locales, y por parte de la ciudadanía, es fundamental que esté informada sobre sus derechos y deberes en el marco de la implementación y evaluación de estas políticas para que pueda ejercer como un actor clave para su cumplimiento y sostenibilidad. Este conocimiento fomenta la participación activa de la comunidad, refuerza la confianza en las instituciones y facilita la corresponsabilidad en la prevención del delito. Solo a través de una comprensión compartida se puede garantizar que estas políticas generen un impacto real y transformador.

 

El alto grado de complejidad y vastedad de los factores que intervienen en la composición de los escenarios de inseguridad y los disparadores que agravan los indicadores de criminalidad, así como las políticas públicas que hemos descrito en este trabajo y las que se encuentran en proceso de diseño y elaboración, plantean muchos aspectos que esperamos que atraigan la atención de otros investigadores que aporten análisis y propuestas que dinamicen la aplicación de estas decisiones de Estado.

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Cejudo, Guillermo M y Michel, Cynthia L. (2016). Coherencia y políticas públicas. Metas, instrumentos y poblaciones objetivo. Revista Gestión y Políticas Públicas. Volumen XXV, N° 1. Pág. 4.

 



Martin Munchmeyer, María Pía. (2024). Sociedad del conocimiento y políticas públicas. Revista Estudios de Políticas Públicas. Universidad de Chile. Volumen 10. N° 1.

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2024. Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2011-2023. Lima, Perú. Págs. 107 a 115.

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2024. Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Informes Técnicos N° 2 y 5. Lima, Perú.

 

Acuerdo Nacional (2002). Disponible en http://acuerdonacional.pe

 

Delgado Godoy, Lucila (2009). Las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas. Clases de políticas públicas. Eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión. Castilla-La Mancha. Pág. 9

 
 
 

La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana (PNMSC) al 2030 en Perú fue aprobada por el Decreto Supremo N° 006-2022-IN publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de junio del 2022. Supervisada por el Ministerio del Interior, esta política implica la cooperación de 14 instituciones estatales para abordar la delincuencia y la violencia. Su objetivo es reducir la victimización en un 10% hasta el 2030, abordando la seguridad ciudadana desde múltiples perspectivas, como la prevención, el control, la disuasión, la persecución y la reinserción social. El PNMSC identifica cinco causas directas de victimización y cinco objetivos prioritarios, incluyendo la prevención de delitos y la mejora del acceso a servicios de seguridad ciudadana.

 

Esta política implica la mejora de diversos servicios y la implementación de tecnología avanzada para abordar el crimen y fortalecer la seguridad en todo el país. La PNMSC al 2030 es de cumplimiento obligatorio y está en vigencia hasta diciembre de 2030.

 

En un contexto global marcado por desafíos en materia de seguridad ciudadana, el Perú se posiciona en la vanguardia en América Latina con la implementación de su Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 (PNMSC). Esta ambiciosa iniciativa surge como respuesta a la necesidad imperante de fortalecer la protección y bienestar de sus ciudadanos en un entorno seguro y tranquilo.

 

La realidad actual de la seguridad ciudadana en el Perú presenta desafíos significativos. Si bien se han logrado avances en la reducción de algunos índices delictivos en los últimos años, persisten problemas estructurales como la delincuencia organizada, la violencia de género, las extorsiones, la minería ilegal, trata de personas, entre otros. Estos desafíos requieren una respuesta integral y coordinada por parte del Estado y la sociedad civil.

 

La PNMSC al 2030 establece una serie de objetivos prioritarios orientados a mejorar la seguridad ciudadana en el país, entre los que destacan:

 

  • Prevención del Delito: Promover acciones preventivas para reducir la incidencia delictiva y fortalecer el tejido social en comunidades vulnerables.

  • Fortalecimiento Institucional: Mejorar la capacidad operativa y de gestión de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

  • Participación Ciudadana: Fomentar la participación activa de la sociedad civil en la prevención y lucha contra el delito, mediante programas de voluntariado y colaboración con las autoridades locales. En este campo, es de gran importancia el Programa de Participación Ciudadana de la Policía Nacional del Perú existente desde la segunda mitad del año 1997 y la promoción de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

  • Atención Integral a Víctimas: Garantizar una atención integral y oportuna a las víctimas de delitos, brindando apoyo psicológico, legal y social.

 

La PNMSC al 2030 plantea la necesidad de ofrecer una amplia gama de servicios en seguridad ciudadana para garantizar el bienestar y la tranquilidad de la población. Entre estos servicios se incluyen:

 

  • Patrullaje y Vigilancia: Reforzamiento de la presencia policial en áreas críticas y vulnerables para prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

  • Centros de Atención y Denuncia: Implementación de centros de atención y denuncia ciudadana para facilitar la comunicación con las autoridades y reportar situaciones de emergencia o delictivas.

  • Programas de Prevención: Desarrollo de programas educativos y de sensibilización en comunidades sobre temas de seguridad ciudadana, promoviendo valores como la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

  • Asistencia Legal y Psicológica: Brindar asistencia legal y psicológica a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, para apoyar su proceso de recuperación y reinserción social.

 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, la PNMSC al 2030 contempla un riguroso sistema de seguimiento y evaluación. Este sistema incluye la elaboración de indicadores de desempeño, la realización de evaluaciones periódicas y la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. Es importante aplicar indicadores de resultados para orientar las acciones hacia una efectiva disminución del número de delitos y del nivel de percepción de inseguridad en la población.

 

La implementación de la PNMSC al 2030 representa un paso significativo hacia la construcción de un Perú más seguro y resiliente frente a la amenaza del delito. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de la voluntad política, el compromiso de las autoridades y la participación activa de la sociedad civil. Con una visión de futuro y un enfoque multisectorial, el Perú realiza esfuerzos para afrontar los desafíos en materia de seguridad ciudadana y garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos.


Es importante conocer esta Política Nacional en su integridad, por lo que a continuación compartimos el documento íntegro.



 
 
 
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