Perú: La Política 32 y la Gestión del Riesgo de Desastres
- Javier Urbano
- 5 may 2024
- 3 Min. de lectura
El Acuerdo Nacional en el Perú es un documento que contiene 35 políticas de Estado con los cuales se da respuesta a problemas públicos relevantes. El 22 de julio del 2002 fue firmado por representantes de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, la Iglesia Católica y otros representantes de la sociedad civil. Inicialmente se aprobaron 29 políticas de Estado y progresivamente se adicionaron seis más.
El 17 de diciembre del 2010 se aprobó la inclusión de la Política 32. Gestión del Riesgo de Desastres, “con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas; así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda: la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción”.
En medio de un panorama mundial marcado por desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos, la gestión del riesgo de desastres se erige como una prioridad ineludible para las naciones. En el caso peruano, la Política 32 del Acuerdo Nacional emerge como un faro orientador en este campo, estableciendo lineamientos claves para la protección de la población, los recursos naturales y la infraestructura frente a eventos catastróficos.
La Política 32 del Acuerdo Nacional en Perú aborda de manera integral la gestión del riesgo de desastres, partiendo de la premisa fundamental de la prevención y la reducción de vulnerabilidades. Entre sus principales planteamientos destacamos los siguientes:
Prevención y Mitigación: Prioriza la adopción de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y la vulnerabilidad de la población y los bienes frente a los desastres naturales.
Preparación y Respuesta: Establece la necesidad de fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta ante desastres, garantizando una respuesta eficaz y coordinada de las autoridades y la sociedad civil.
Rehabilitación y Reconstrucción: Propone estrategias para la rápida recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por desastres, asegurando la restauración de la normalidad y la resiliencia de las comunidades.
Participación Ciudadana: Destaca la importancia de la participación activa de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres, promoviendo la cultura de prevención y la capacitación en acciones de respuesta.
Desde su aprobación, la Política 32 ha generado avances significativos en la gestión del riesgo de desastres en Perú. Se han implementado programas y proyectos orientados a la prevención, la preparación y la respuesta ante desastres, así como medidas para fortalecer la infraestructura resiliente.
Sin embargo, persisten desafíos importantes que requieren atención urgente. La brecha entre las políticas y su implementación efectiva, la falta de recursos financieros y técnicos y la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional son algunos de los retos pendientes.
La Política 32 impone obligaciones claras tanto para las autoridades como para los ciudadanos. En cuanto a las autoridades, deben cumplir con una implementación efectiva de las medidas de prevención, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción ante desastres, así como asignar los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para fortalecer la capacidad de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, regional y local. Además, es imperativo aplicar la coordinación interinstitucional y la colaboración multisectorial para una respuesta integral y eficiente ante desastres.
Por su parte, la ciudadanía debe adquirir el nivel de conciencia y preparación para considerar los riesgos de desastres a los que están expuestas sus comunidades, estar preparados para actuar ante cualquier eventualidad y no incrementar el riesgo ya sea por acción o por inacción. Asimismo, deben participar activamente en acciones de prevención y preparación, como simulacros y capacitaciones, y colaborar con las autoridades en acciones de respuesta ante desastres, fomentando la solidaridad y la resiliencia comunitaria, practicando la autoayuda y apoyando a los afectados por desastres, contribuyendo a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas.
En conclusión, la Política 32 del Acuerdo Nacional en Perú sobre gestión del riesgo de desastres representa un marco fundamental para enfrentar los desafíos que plantea la naturaleza. Su implementación efectiva requiere el compromiso y la colaboración de todas las partes involucradas, con el fin de construir un país más seguro y resiliente frente al riesgo catastrófico.
Para mayor información, puede consultarse el texto completo de la Política 32 del Acuerdo Nacional.
Comentarios